18 Dic
Empresas de telecomunicaciones deberán modificar las condiciones de comercialización de planes de telefonía móvil y packs multiservicios.

El procedimiento, en el que intervinieron manifestando su opinión los distintos operadores del mercado, se inició de oficio por el TDLC en ejercicio de la facultad preventiva establecida en el artículo 18 N° 3 del D.L. N° 211, quien advirtió riesgos para la libre competencia derivados de la diferenciación de tarifas que efectúan las empresas de telefonía móvil, según la red de destino de las llamadas, esto es, on-net y off-net. La Fiscalía Nacional Económica, adicionalmente, solicitó se analizara y, de ser necesario, se dictaran las disposiciones necesarias para prevenir efectos contrarios a la competencia por la creciente comercialización de distintos servicios de telecomunicaciones en forma conjunta, en los denominados “packs”.

En lo que respecta a la telefonía móvil, el TDLC advirtió que la diferencia entre las tarifas que cobran las empresas de telefonía móvil según si las llamadas terminan en su propia red (on-net) o en la red de otro operador (off-net) eran muy superiores a los cargos de interconexión que fija la autoridad, no tienen una justificación de eficiencia económica, y concluyó que esa diferencia produce el efecto de excluir e impedir el desarrollo de competidores ya que tendía a incrementar el poder de mercado de las empresas establecidas.

Para mitigar estos efectos contrarios a la libre competencia, a partir de la entrada en vigor del próximo decreto conforme con el cual la autoridad determina los cargos de acceso que deben pagarse entre sí las compañías de telefonía móvil, estas empresas no podrán comercializar planes con precios distintos por las llamadas on-net y off-net ni entregar una cantidad diferente de minutos según si estos se utilizan para llamadas a usuarios de su misma red o de otras redes móviles. En otras palabras, sólo podrán comercializar planes del tipo “todo destino”.

En el intertanto, mientras se encuentre vigente el actual decreto tarifario de cargos de acceso, las empresas de telefonía móvil deberán reducir la diferencia entre los precios de llamadas on-net y off-net, de forma tal que: (i) la diferencia en el precio no sea superior al cargo de acceso aplicable; y, (ii) en los planes que incluyen minutos diferenciados según destino de las llamadas, la proporción entre los minutos on-net y off-net incluidos no podrá superar la proporción de los respectivos precios por minuto.

Esto no afectará los planes actualmente contratados por los usuarios, sin perjuicio de su facultad de cambiarse a un nuevo plan que se ajuste a los criterios indicados precedentemente, si les resultare más conveniente.

De esta forma, se ajustará gradualmente el comportamiento del mercado, evitando distorsiones como las identificadas por el Tribunal en esta materia.

En cuanto a los paquetes de servicios de telecomunicaciones, el TDLC evaluó las ventajas y desventajas que para la libre competencia conlleva la venta conjunta de servicios de telecomunicaciones en los denominados packs, en un contexto de convergencia de servicios y rápido avance tecnológico.

Así, si bien esta estrategia de comercialización conlleva claras eficiencias cuando incluyen servicios prestados a través de una misma red o en los que no existen barreras de entrada relevantes, también presentan ciertos riesgos, en la medida que pueden reducir la intensidad de la competencia entre operadores de telecomunicaciones y excluir a empresas que no disponen de servicios más restringidos.

Por ello, el Tribunal estableció que la comercialización de paquetes de servicios de telecomunicaciones deberá cumplir con ciertas condiciones que permitirán prevenir estos riesgos: (i) garantizar a los clientes la posibilidad de adquirir los servicios que conforman los paquetes en forma individual, sin estar obligados a contratar otros servicios adicionales; (ii) limitar los descuentos por la venta conjunta de servicios, de forma tal que no tengan el mismo efecto que si sólo se vendieran en conjunto; y (iii) hasta el pleno desarrollo de la tecnología 4G, de internet móvil, se prohibirán los descuentos o beneficios por paquetes de servicios de telefonía fija y móvil, así como de internet fija y móvil.

Estas instrucciones entran en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial.

12 Dic
TDLC establece condiciones a fusión entre SMU y Supermercados del Sur

Por resolución de fecha 12 de diciembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó bajo condiciones la operación de concentración entre SMU S.A (SMU) y Supermercados del Sur S.A. (SDS), estableciendo las siguientes medidas de mitigación:
  1. La enajenación de un conjunto de establecimientos, a su elección entre las opciones establecidas por el Tribunal, en las comunas de Casablanca, Chimbarongo, San Carlos, Tomé, Penco, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Lota, Pedro Aguirre Cerda, Angol, Temuco, Panguipulli, Valdivia, La Unión, Río Bueno, Frutillar, Puerto Montt, Ancud y Coyhaique, así como los centros de distribución que operaba SDS en Pudahuel, Concepción y Osorno y a lo menos una de las marcas comerciales de los locales adquiridos por SDS que no estuvieran siendo utilizadas comercialmente por SMU a la fecha de la consulta, todo lo anterior conjuntamente, como una sola unidad económica, en un plazo máximo de ocho meses desde la fecha en que la Resolución quede ejecutoriada.
  2. El adquirente de estos activos no podrá ser relacionado a SMU S.A. ni podrá tener, a la fecha de este Resolución, participación superior al 25% de las ventas en el mercado supermercadista a nivel nacional;
  3. Mientras no se complete la enajenación de los establecimientos considerados en la condición anterior, SMU deberá mantener en operación dichos locales y equiparar los precios de éstos a los cobrados en la localidad más cercana que presente condiciones suficientes de competencia, así como acordar con los proveedores locales de dichas zonas geográficas condiciones al menos tan favorables como las acordadas con los proveedores de los establecimientos ubicados en la capital regional más cercana, todo esto ajustando por las posibles diferencias en costo de flete, si correspondiere;
  4. La enajenación de toda participación, directa o indirecta, en la sociedad Supermercados Montserrat S.A., dentro de un plazo de ocho meses desde la fecha en que la Resolución quede ejecutoriada;
  5. La modificación de las cláusulas de no competencia acordadas con los anteriores controladores de las cadenas adquiridas por SDS, ajustándolas a un plazo máximo de dos años contados desde su suscripción original;
  6. El establecimiento de términos y condiciones generales de contratación en términos análogos a los que actualmente mantiene Cencosud -definiendo como proveedor pequeño a aquél cuyas ventas totales anuales a SMU sean iguales o inferiores al equivalente en pesos a veinticinco mil U.F., IVA excluido-, los cuales deberá exhibir de manera permanente en un lugar visible de su página web, no pudiendo cobrar a los proveedores por concepto de reinauguración de los establecimientos adquiridos a SDS o sus relacionadas mediante la operación consultada; y,
  7. La obligación para SMU y sus relacionadas de consultar ante este Tribunal, en los términos del artículo 31º del Decreto Ley N° 211 y en forma previa a su materialización, cualquier operación de concentración en la industria supermercadista, ya sea en su segmento mayorista o minorista.


La decisión de mayoría se acordó con la prevención del Ministro Sr. Menchaca y del Sr. Peña, quienes estuvieron por aprobar la operación sin establecer como condición de desinversión de los tres centros de distribución que poseía SDS en las comunas de Pudahuel, Concepción y Osorno. Asimismo, el Ministro Sr. Menchaca estuvo por no establecer la condición de desinversión en la comuna de Temuco, por considerar que la competencia potencial y existente en dicho mercado geográfico es suficiente tras la operación consultada.


Véa el texto completo de la Resolución

22 Nov
TDLC emite informe sobre condiciones de competencia en licitación del Frente N° 2 o Espigón del puerto de Valparaíso

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se pronunció sobre la solicitud efectuada por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) de levantar la restricción a la integración horizontal establecida en el Informe N°5/2009 del mismo Tribunal, que no permitía a un mismo operador portuario operar más de un frente de atraque en la Región de Valparaíso.

Para ello, la decisión de mayoría consideró que los nuevos antecedentes disponibles hacían conveniente permitir la participación del mayor número de oferentes en la Licitación. Ello, a fin de que, de esta manera, se comprometan las inversiones en infraestructura portuaria necesarias para atender el creciente tráfico de carga.

En particular, se estimó que con la postergación en el desarrollo de la infraestructura portuaria se alcanzarían altos umbrales de congestión portuaria, lo que comprometería la calidad de los servicios y, además, resulta perjudicial para el nivel de competencia entre los distintos operadores portuarios de la Región de Valparaíso. Por ello, desde el punto de vista de la libre competencia era preferible ampliar el ámbito de posibles participantes en la licitación, eliminando sólo para este evento las restricciones a la integración horizontal vigentes.

Asimismo, se indicó que varios de los riesgos para la competencia de permitir la integración horizontal entre concesionarios de distintos frentes de atraque estarían suficientemente resguardados por la Ley N° 19.542, sus normas complementarias, así como por las restantes condiciones establecidas en el Informe N° 5/2009, todas las cuales prohíben conductas contrarias a la libre competencia por parte de los concesionarios y establecen atribuciones específicas de fiscalización de las empresas portuarias.

No obstante, considerando que es preferible, en todo caso, que la licitación sea adjudicada a un cuarto operador independiente, se establecieron condiciones para la participación de los actuales concesionarios de puertos públicos de la Región que, junto con asegurar el mayor número de participantes en la Licitación, privilegien la adjudicación a nuevos entrantes en la medida que ofrezcan condiciones equivalentes a las que ofrezcan los incumbentes, asegurando así que la licitación dé lugar a las menores tarifas y mayores estándares de calidad posibles para los usuarios.

En particular, y con el objeto de asegurar el mayor beneficio social como resultado de la licitación, se estableció que la participación de los incumbentes debía sujetarse a las siguientes condiciones:

1)    EPV deberá efectuar un proceso de licitación con dos “universos de propuestas”, de forma tal que las ofertas de los incumbentes (Grupo Dos) se presenten con antelación a las ofertas de nuevos entrantes (Grupo Uno);

2)    Todas las ofertas competirán entre sí, resultando adjudicado aquel que -habiendo presentado una oferta técnicamente admisible- oferte el menor índice de tarifas por los servicios básicos. No obstante, en caso que la mejor oferta corresponda a un incumbente, es decir, que participe del Grupo Dos, se deberá proporcionar al mejor de los oferentes del Grupo Uno o nuevo entrante un plazo para manifestar si está dispuesto a igualar el menor índice de tarifas ofertado. Si lo iguala, el nuevo entrante se adjudica la concesión. Si no lo iguala o nada expresa dentro del plazo establecido para ello, el incumbente que hubiere ofrecido el menor índice de tarifas se adjudicará la concesión;

3)    En el evento de que la licitación sea adjudicada a un incumbente conforme a la regla precedente, se exceptuará a éste de cumplir con la restricción a la integración horizontal establecida en el Informe N° 5/2009 (Reglas 22.1 y 22.2) y en el Dictamen N° 1.045 (numerales 7.1 y 7.2); manteniéndose esta restricción vigente para todos los demás incumbentes, de modo que los mismos no puedan acceder a la propiedad o control de la concesión del Frente de Atraque N° 2 del Puerto de Valparaíso por vía distinta de la licitación materia de este informe ni el adjudicatario incumbente pueda, en caso alguno, transferir todo o parte de la concesión o integrarse, directa o indirectamente con alguno de los otros operadores portuarios de la región sin autorización previa de este Tribunal, infringiéndose de lo contrario las condiciones establecidas en el Informe N° 5 y en el Dictamen N° 1.045; y,

4)    Además, también para el caso que la licitación sea adjudicada a un incumbente, EPV deberá informar cada dos años a la Fiscalía Nacional Económica respecto del cumplimiento o incumplimiento del cronograma de inversiones comprometido por el adjudicatario, a efectos de que la misma pueda ejercer las acciones por infracción a las normas de defensa de la libre competencia que estime pertinentes. Lo anterior, sin perjuicio de la acción infraccional de quienes tengan interés legítimo.

Por último, el Informe indica que EPV deberá aclarar en las Bases de la Licitación que el incumplimiento culpable de la obligación del concesionario de concluir y poner en servicio las obras que conforman las dos etapas del Proyecto Obligatorio de Inversión dentro de los plazos estipulados (punto 3.21, letra c), de las Bases) constituye infracción del concesionario a las condiciones establecidas en el Informe N° 5 y, por lo tanto, causal de término del contrato de concesión por incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario, en los términos previstos en el punto 2.25.1., letra c), número iv), de las Bases.

El informe fue acordado con el voto en contra de los Ministros Sra. Butelmann y Sr. Depolo, quienes estuvieron por rechazar la solicitud de EPV y, en consecuencia, mantener la restricción a la integración horizontal en los términos que señala el Informe Nº 5/2009.

28 Sep
TDLC autoriza con condiciones la transferencia de Radios Oasis y Horizonte a Canal 13

Con fecha 27 de septiembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia emitió la Resolución N° 41-2012 respecto a la consulta formulada por la Fiscalía Nacional Económica sobre la adquisición y arriendo por Radiodifusión SpA (relacionada con Canal 13) de concesiones de radiodifusión de Comunicaciones Horizonte Ltda., por medio de las cuales operan actualmente las radioemisoras “Oasis” y “Horizonte”.

Del análisis de la operación, si bien el Tribunal estimó que sus efectos en la concentración del mercado de radiodifusión sonora no serían relevantes, detectó riesgos a la competencia dada la significativa participación del grupo adquirente en el mercado de televisión abierta. Respecto de tales riesgos de portafolio, se consideraron adecuadas algunas de las medidas de mitigación propuestas por la Fiscalía Nacional Económica y aceptadas por las partes de la operación:

a) Prohibición de ventas atadas de publicidad en radio y televisión, y de entregar frases publicitarias gratuitas en sus radios;
b) Regular la venta conjunta de espacios publicitarios en distintos medios o plataformas, de modo que los espacios publicitarios puedan ser adquiridos en forma separada;
c) Prohibición de discriminaciones arbitrarias –incluyendo subsidios cruzados- contrarios a la libre competencia;
d) Separación de los negocios de radio y televisión en empresas independientes;
e) Limitar la duración de la cláusula de no competir pactada a dos años desde la suscripción del contrato

La Resolución fue emitida con la prevención de la Ministra Sra. Domper, quien estuvo por aceptar la operación consultada sin establecer las condiciones descritas en las letras a) y b) precedentes.

Vea el texto completo de la Resolución N° 41-2012

03 Sep
TDLC inicia procedimiento para estudiar modificaciones a las Instrucciones de Carácter General N° 1, sobre el mercado de recolección transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha dado inicio a un procedimiento no contencioso para el estudio de posibles modificaciones al texto vigente de las Instrucciones de Carácter General N° 1, dictadas por el mismo Tribunal en el año 2006, y que se aplica al mercado de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios en todo el territorio nacional, y que también establece principios a los que debe ceñirse las licitaciones efectuadas por los municipios para la contratación de dichos servicios.

Quienes tengan interés legítimo y deseen aportar antecedentes al proceso podrán hacerlo dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la publicación del extracto correspondiente en el Diario Oficial.

Revise los antecedentes del procedimiento:

Rol NC N° 409-12 “Procedimiento sobre Modificaciones a las Instrucciones de Carácter General Nº 1/2006”

Instrucciones de Carácter General N° 1, de 2006.

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