Las demandantes acusaron que Metrogas y Agesa habrían realizado una operación por la cual la primera fue dividida en dos empresas, creando la segunda y celebrando entre ambas un contrato de aprovisionamiento de gas, durante la tramitación de la Ley N° 20.999, con el fin de burlar la restricción al límite de rentabilidad de Metrogas que dicha ley estableció al modificar, en 2017, el Decreto con Fuerza de Ley N° 323 de 1931 (“Ley de Servicios de Gas” o “LSG”). Con ello, las demandadas habrían incurrido en un fraude a la ley a través de la excepción contenida en el artículo 12° transitorio de la Ley N° 20.999, relativa a contratos de compraventa de gas entre empresas relacionadas que ya existieran a la fecha de entrada en vigencia de dicha modificación legal.

Las demandantes acusaron que, con esta estrategia, las demandadas pudieron cobrar precios excesivos a los consumidores desde 2016, lo que constituiría un abuso de posición dominante, a través de un fraude a la ley.

Metrogas y Agesa rechazaron las imputaciones y sostuvieron que la separación entre las actividades de aprovisionamiento y distribución de gas natural respondió a razones legítimas de eficiencia económica, gestión de riesgos y buenas prácticas de gobierno corporativo, adoptadas con anterioridad a la dictación de la Ley N° 20.999, y no a un propósito elusivo de la normativa sectorial. Alegaron, además, que los precios cobrados por el gas natural han sido competitivos y validados reiteradamente por la Comisión Nacional de Energía como económicamente eficientes, que su incidencia en la tarifa por gas natural al consumidor final es acotada y que las tarifas de Metrogas se encuentran entre las más bajas del país. Asimismo, cuestionaron la procedencia de la figura de precios excesivos por tratarse de un ilícito excepcional y de alto estándar probatorio.