MAP acusó que, a través de un contrato celebrado en 2014 para la construcción, operación y mantención de las obras adicionales de transmisión, CGE y CGET habrían cobrado un precio extremadamente excesivo, en relación al real valor de los cativos con los cuales se suministraron los servicios de transmisión eléctrica al complejo Punitaqui y, en subsidio, habrían sido a lo menos discriminatorios en relación a tarifas cobradas por servicios similares.

Las Demandadas opusieron excepción de incompetencia y de prescripción. Aun de considerarse como un conflicto de competencia de este Tribunal, la estructura del mercado ­­­–monopolio bilateral– hace recomendable no intervenir. Además, el precio del contrato no es excesivo ni discriminatorio, al estar basado en lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos, un conjunto de fundamentos financieros, los costos directos e indirectos y la duración del contrato. Así, el precio del contrato fue fruto de una negociación libre y las diferencias con otros actores son justificadas.