Las demandantes acusaron a Ferronor de haber abusado de su posición de dominio mediante trabas, dilaciones, requerimientos ilegales, limitaciones improcedentes y otras maniobras en relación con la solicitud de cruces y atraviesos ferroviarios necesarios para su proyecto inmobiliario.

Las conductas desplegadas por Ferronor, que habrían comenzado en 2018, consisten en: (i) tarifas desmedidas y arbitrarias, lo que se informó al remitir un cuadro tarifario; (ii) negarse injustificadamente a autorizar la construcción conjunta de dos cruces solicitados; (iii) exigir respaldar el contrato con una garantía por el 10% del valor de las obras, pese a que no existe infraestructura ferroviaria; (iv) exigir que las demandantes se hicieran cargo de medidas de mitigación de situaciones de peligro y de interacción entre la vía férrea y la comunidad; (v) exigir que las demandantes se hicieran cargo del cierre de la faja ferroviaria; y, (vi) exigir el pago al contado de la autorización y del derecho al uso del cruce y seis atraviesos solicitados.

Ferronor opuso excepción de falta de legitimación pasiva respecto de conductas que podrían tener una finalidad exclusoria en el mercado inmobiliario. En cuanto al fondo, planteó que no era efectivo que (i) haya rechazado la solicitud de cruces de Huaquén sin motivo; (ii) sus tarifas carecieran de justificación económica razonable; (iii) haya exigido al contado el pago de la tarifa; y (iv) haya pretendido que Huaquén se hiciera cargo del cierre de la faja ferroviaria. Destaca que en los contratos de autorización no se impuso ninguna condición improcedente y, que aun de haberse acordado, estas no constituirían atentados contra la libre competencia.

En subsidio, opuso excepción de prescripción respecto de una de las conductas acusadas, que habría ocurrido en octubre de 2019.