22 Jun
Sentencia 162 – 2018 Demanda de Constructora Capreva S.A. contra Corporación Administrativa del Poder Judicial

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la demanda interpuesta por Constructora Capreva S.A. en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (“CAPJ”), en la cual le imputaba a esta última haber establecido, en el marco de las bases de licitación para la construcción del Centro Judicial de Chillán (ID 425-101-LR17), una pauta evaluativa que atentaría contra la libre competencia. En particular, la demandante argumentó que dicha pauta erigía una barrera a la entrada que limitaba el acceso de empresas aptas en capital y experiencia al mercado de la construcción.

En su sentencia, el Tribunal señaló que, atendido que las bases de licitación objeto de la demanda fueron revocadas, hecho que se desprende del documento acompañado por la CAPJ en la contestación de la demanda, el objeto de la acción deducida ya no existe y, en consecuencia, no es posible emitir un pronunciamiento acerca de la conformidad de las bases de licitación con las normas que regulan la libre competencia en los mercados.

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09 Abr
Sentencia 161 – 2018 Demanda de TVI contra VTR Comunicaciones SpA.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó, sin costas, la demanda interpuesta por Televisión Interactiva S.A. y Filmocentro Televisión S.A. (ambos “TVI”) en contra de VTR Comunicaciones SpA (“VTR”), relativa al incumplimiento de la Condición Quinta de la Resolución N° 1/2004 (“Condición”) que aprobó con condiciones la operación de concentración entre VTR y Metrópolis Intercom. Lo anterior, al considerar que VTR actualmente no tiene posición dominante en el mercado de la televisión pagada, razón por la cual no se ha configurado el primer supuesto que establece dicha Condición.

En primer lugar, se estableció que la única forma de entender la Condición es interpretando que su objetivo era evitar que la empresa fusionada usara su posición dominante aguas abajo para afectar las condiciones de competencia imperantes en el mercado aguas arriba de la provisión de contenidos.

Luego, se analizó el mercado aguas abajo de manera dinámica, examinando los cambios tecnológicos que éste ha tenido. En este sentido, se confirmó lo pronosticado por la Resolución N° 1/2004, en cuanto a que es posible considerar a los servicios de televisión pagada vía satélite como sustitutos de la televisión pagada por cable. Asimismo, se descartó que las plataformas OTT formen parte del mercado relevante y se determinó que la extensión geográfica de este es nacional.

Posteriormente, se acreditó que a la fecha de la salida de los canales de TVI de la grilla de VTR, ésta tenía una participación de aproximadamente un 35% en el mercado relevante identificado. Lo anterior, sumado a que las barreras de entrada en el mercado han disminuido considerablemente en los últimos años, permitió concluir que VTR no tiene posición dominante.

Finalmente, a mayor abundamiento, se estableció que la demandada carecía de incentivos, derivados de una integración vertical con otros proveedores de contenidos, para negar la compra a TVI.

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15 Ene
Sentencia 160 – 2017 Requerimiento FNE en contra de CMPC Tissue S.A. y otra

Tras requerimiento de la de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el TDLC ha dictado la Sentencia N°160/2017 en la causa Rol C N° 299 – 2015, acogiendo en todas sus partes, con costas, el requerimiento de la FNE en contra de las empresas CMPC Tissue y SCA.

En la sentencia se declaró que CMPC Tissue y SCA celebraron y ejecutaron un acuerdo con el objeto de asignarse cuotas de participación de mercado y de fijar precios de venta de sus productos tissue desde el año 2000 hasta, a lo menos, diciembre del año 2011, afectando el mercado nacional de la comercialización mayorista de papeles suaves o tissue en el canal de venta masivo.

El Tribunal impuso el máximo de la multa solicitada por la FNE en contra de SCA, esto es, de 20.000 Unidades Tributarias Anuales. Por su parte, no se acreditó que CMPC Tissue coaccionó a SCA para participar en el acuerdo, por lo que fue eximida del pago de multa de acuerdo con el programa de delación compensada dispuesto en el artículo 39 bis del D.L. N° 211.

Además de lo anterior, se ordenó a ambas empresas condenadas implementar un programa de cumplimiento en materia de libre competencia, el que contempla, entre otras obligaciones, la creación de un Comité de Directores encargados de nombrar el encargado de cumplimiento y la reforma de los estatutos sociales.

Ver sentencia Excma. Corte Suprema
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10 Nov
Sentencia 159 – 2017 Demanda de Conadecus contra Cencosud S.A.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó, con costas, la demanda interpuesta por Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Asociación de Consumidores (“Conadecus”) en contra de Cencosud S.A. (“Cencosud”) por haber infringido el artículo 3° inciso 1° del D.L. N° 211, al celebrar un contrato de arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Errázuriz N° 1040, ciudad de Valdivia, donde anteriormente operaba un supermercado.

En primer término, en su sentencia el H. Tribunal rechazó la excepción de falta de legitimación activa.

En segundo término, declaró que Cencosud no incumplió la Resolución N° 43/2012 que obligaba a SMU S.A. a enajenar dicho inmueble como parte de un conjunto de activos a un actor que no tuviera el 25% o más de la participación en el mercado supermercadista. El H. Tribunal señaló que dicha resolución sólo obliga a SMU y no a los adquirentes; impone una obligación de enajenar los bienes y no una prohibición de adquirir; y recae sobre los activos que conforman una unidad económica y no sobre cada uno de ellos.

Finalmente, declaró que Cencosud no incumplió el avenimiento celebrado con la Fiscalía Nacional Económica el 24 de julio de 2008, que obliga a la empresa a consultar toda operación de concentración en la industria supermercadista. En particular, el H. Tribunal señaló que, si bien el contrato de arrendamiento es de largo plazo, no se encuentra acreditado en el proceso que el arrendador sea un operador de la industria supermercadista ni que se hayan traspasado activos necesarios para la explotación del inmueble como supermercado, pues éste permaneció vacío durante un año hasta la celebración del mencionado contrato de arrendamiento.

 
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29 Sep
Sentencia 158 – 2017 Demanda de Telestar Móvil S.A. contra Entel PCS Telecomunicaciones S.A. y otros

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó, con costas, la demanda interpuesta por Telestar Móvil S.A., OPS Ingeniería Limitada y Telecomunicaciones Max Limitada en contra de Claro Chile S.A (“Claro”), Entel PCS Telecomunicaciones S.A (“Entel”) y Telefónica Móviles Chile S.A. (“Movistar”), imputándoles el incumplimiento de la obligación impuesta por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 23 de diciembre de 2011 (la “Sentencia de la Exma. Corte Suprema”).

En su sentencia, el Tribunal, en primer lugar, rechazó las excepciones de falta de legitimación activa presentadas por Claro y Entel y la excepción de incompetencia e improcedencia de la acción opuesta por Movistar. Por otra parte, respecto de las excepciones de prescripción presentadas por cada una de las demandadas, se acogió solamente la de Movistar, rechazándose, por tanto, las de Entel y Claro.

Luego, el Tribunal analizó cada una de las acusaciones que darían origen a un incumplimiento de la Sentencia por parte de Entel y Claro, esto es, las acusaciones de negativa de venta, estrangulamiento de márgenes y discriminación anticompetitiva.

Del análisis de la prueba presentada por las partes, el Tribunal concluyó que las demandadas realizaron ofertas mayoristas de facilidades o de reventa de planes, por lo que no se puede configurar el incumplimiento por negativa de venta acusado. Además, no encontró prueba de que las condiciones comerciales contenidas en las últimas ofertas realizadas por Entel y Claro antes de la interposición de la demanda impidiesen o condicionasen el ingreso de competidores tan eficientes como quien realiza la misma, por lo que no puede considerarse que estrangulan márgenes. Por último, determinó que los términos utilizados en las ofertas no podían considerarse competitivamente discriminatorios.

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