29 Ene
Corte Suprema confirmó sentencia del TDLC que multó a concesionario de aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago

Noticias – Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

Corte Suprema confirmó sentencia del TDLC que multó a concesionario de aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago

Maximo Tribunal rechazó reclamación de la concesionaria en contra de sentencia de órgano antimonopolios que la sancionó con una multa de cerca de 800 millones de pesos por conductas anticompetitivas en contra de empresas de courier

29-01-2009

Con fecha 28 de enero, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó, por unanimidad, la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que multó, en octubre de 2008, a la empresa SCL, concesionaria del Aeropuerto de Santiago, por conductas de abuso de posición dominante y discriminación injustificada respecto de las empresas courier que operan en el Aeropuerto.

Estas conductas consistieron, en primer término, en establecer una tarifa por las subconcesiones de las instalaciones utilizadas por los courier en base a los kilogramos de carga transportada por cada empresa, mecanismo de cálculo que no estaba autorizado por las Bases de Licitación y Decreto de Concesión que rigen a SCL. Se estimó que los ingresos excesivos obtenidos por SCL, bajo este concepto, alcanzaron a aproximadamente $552 millones, entre noviembre de 2004 y noviembre de 2006.

Como segunda conducta contraria a la libre competencia, el Tribunal constató discriminaciones en el trato dado por SCL a algunas empresas courier de menor tamaño, a las que cobra precios distintos injustificadamente, y en el trato distinto dado a Correos de Chile respecto a otras empresas de courier, pues no le aplica a la empresa estatal la tarifa variable en base a kg. de carga transportada.

También consideró el TDLC que SCL vulneró la libre competencia, abusando de su posición dominante, al restringir la ampliación de la infraestructura requerida por las empresas courier, aún cuando existen terrenos aptos disponibles en el Aeropuerto, pues retardó injustificadamente el proceso de negociación para llevar a cabo dicha ampliación, dilatando los estudios necesarios y exigiendo requisitos y condiciones injustificadas para la construcción de nuevas instalaciones.

Si bien el TDLC acogió parcialmente las defensas de prescripción y falta de legitimación pasiva de SCL en cuanto a calificar como contrarios a la libre competencia las Bases de Licitación, Decreto de Concesión y Convenios Complementarios que regulan la concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, se condenó a la empresa SCL con una multa de 1800 U.T.A. (aproximadamente $ 800 millones de pesos) por las conductas descritas precedentemente y, además, se declaró que deberá dicha empresa deberá entregar en arrendamiento un terreno, a solicitud de las empresas courier, para que éstas, conjunta o separadamente, construyan las instalaciones que requieran, entre otras medidas.

 Para establecer el monto de la multa, el Tribunal tuvo en consideración, además de los ingresos injustificados ya señalados, el conjunto de las pérdidas económicas provocadas por las conductas discriminatorias descritas, el retraso en la habilitación de la infraestructura requerida por las empresas courier, la reincidencia de SCL en infracciones a la libre competencia y el particular cuidado que debió tener dicha empresa, como operador monopólico de la infraestructura del Aeropuerto, en no abusar de dicha posición. Se tomó en cuenta, en beneficio de la empresa sancionada, que el inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas, quien debió supervigilar el cumplimiento de las Bases de Licitación, no objetó en su oportunidad estas prácticas, aún cuando conocía de su existencia.

Vea Sentencia de la Corte Suprema y Sentencia del TDLC

 

 

27 Ene
Corte Suprema revoca resolución del TDLC restringiendo la participación de los actuales operadores de telefonía móvil

Noticias – Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

Corte Suprema revoca resolución del TDLC restringiendo la participación de los actuales operadores de telefonía móvil

En el futuro concurso público de espectro radioeléctrico para servicios de tercera generación.

27-01-2009

En un voto dividido, la tercera sala de la Corte Suprema acogió las reclamaciones que dedujeron Subtel, la FNE, VTR y Nextel, en contra de la Resolución del TDLC que había decidido que no era procedente excluir la participación de Entel, Claro y Movistar en el futuro concurso público para la asignación de 90 Mhz. de espectro radioeléctrico destinados a la prestación del servicio público de telefonía móvil digital avanzada o de tercera generación (3G).

Las decisiones inciden en la consulta que formuló la Subtel al TDLC respecto de la procedencia de excluir, limitar o condicionar la participación de los actuales concesionarios de telefonía móvil en el concurso de espectro radioeléctrico para servicios de 3G que tiene proyectado realizar.

El TDLC había resuelto que, de acuerdo con las normas aplicables, los actuales concesionarios de telefonía móvil podían participar en el concurso consultado y que no existían razones que desde el punto de vista de la libre competencia justificaran su exclusión o limitación, pues se corría el riesgo de asignar ineficientemente un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, sin que fueran claros los beneficios asociados a esa exclusión o limitación en el mercado de la telefonía móvil, y sin que sea posible realizar un concurso público con miras a lograr un determinado resultado, ya que debía ser el mercado el encargado de determinar si la mayor valoración del espectro esta en la prestación de servicios de telefonía, de banda ancha, u otro que en el futuro pueda desarrollarse, así como el número de operadores que concurrirá a prestar tales servicios.

No obstante, para mitigar los riesgos para la competencia o ventajas de los operadores establecidos en el concurso -que tienen espectro, clientes y redes-, propiciando una mayor igualdad, el TDLC había establecido las siguientes condiciones de aplicación general: (i) la implementación de la portabilidad del número telefónico móvil; (ii) la subdivisión del espectro a asignar en el mayor número de bloques que técnicamente permita, en forma eficiente y con costos razonables la prestación de servicios de tercera generación con cobertura nacional, pudiendo cada postulante asignarse sólo un bloque en una primera licitación; y (iii) la definición por parte de la autoridad licitante de los plazos de ejecución y de puesta en servicio que deban comprometer los postulantes, a fin de que no se perjudique la participación de empresas que no cuenten con redes o infraestructura ya instalada.

La Corte Suprema, en cambio, concluyó que era procedente limitar a 60 Mhz la cantidad máxima de espectro total que puede adjudicarse un postulante, considerando para ello tanto las bandas ya asignadas a los operadores de telefonía móvil (800 y 1900) como las que serán objeto del concurso consultado (1700 y 2100), con lo cual permitió la participación de Entel PCS, Claro Chile, y Movistar en ese futuro concurso, pero restringió el total de espectro del que pueden llegar a ser titulares.

Así, considerando que Entel PCS, Claro Chile, y Movistar ya tienen asignados bloques que totalizan 60, 55 y 55 MHz, respectivamente, la Corte Suprema dispuso que en caso de que un postulante exceda el límite establecido por medio del concurso, deberá desprenderse del exceso en los términos que determine la Subtel en las bases del concurso.

Además, la Corte Suprema dejó sin efecto la obligación de implementar la portabilidad numérica que el TDLC había establecido para reducir el costo de cambiarse de proveedor y permitir a un nuevo entrante disputar los clientes de las empresas establecidas. Ello porque estimó que el cumplimiento de la condición de portabilidad numérica era incierto, de modo que tendría el efecto de impedir, entretanto, la prestación de los servicios por parte de nuevos operadores, retrasando su ingreso.

Vea Fallo Completo de la Corte Suprema y Resolución del TDLC

 

 

 

22 Ene
TDLC acogió requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en contra de una asociación gremial de buses de la séptima región.

Noticias – Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

TDLC acogió requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en contra de una asociación gremial de buses de la séptima región.

Por haber incurrido en prácticas colusorias que tuvieron por objeto y efecto excluir del mercado relevante a un competidor.

22-01-2009

El TDLC acogió el requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica en contra de la Asociación Gremial de Buses Interbus, declarando que dicha asociación gremial incurrió en conductas constitutivas de un acuerdo colusorio, con el objeto de asignarse zonas o cuotas de mercado y excluir a un competidor del mismo, Buses Costa Cordillera, abusando del poder que dicho acuerdo le confirió.

En razón de lo anterior, el TDLC condenó a la referida asociación gremial al pago de una multa a beneficio fiscal de sesenta (60) Unidades Tributarias Anuales.

Vea Sentencia completa del TDLC

 

 

16 Ene
TDLC acoge requerimiento de la FNE en contra de la Junta de Aeronáutica Civil sobre licitación de frecuencias aéreas.

Noticias – Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

TDLC acoge requerimiento de la FNE en contra de la Junta de Aeronáutica Civil sobre licitación de frecuencias aéreas.

Además de ordenarle cambiar las bases de la licitación de frecuencias aéreas de la ruta Santiago-Lima, recomendó al gobierno la apertura de cielos y diversas modificaciones de normas.

16-01-2009

EL TDLC acogió el requerimiento de la FNE y ordenó modificar las Bases de Licitación elaboradas por la Junta de Aeronáutica Civil con el objeto de adjudicar siete frecuencias aéreas restringidas directas entre las ciudades de Santiago y Lima. Ello con el objeto de propender a la entrada de algún nuevo operador en dicha ruta, que tenga la posibilidad de desafiar al incumbente y, de este modo, introducir presión competitiva que pueda redundar en menores precios al usuario final y en mejoras en la calidad del servicio.

Las modificaciones ordenadas implicarán que la Junta de Aeronáutica Civil deberá procurar que, en una primera ronda de la licitación de frecuencias en la ruta Santiago-Lima que deberá realizarse, ninguna línea aérea se quede con más del 75% del total de frecuencias existentes en dicha ruta, sumadas las disponibles y las asignadas en el pasado. A falta de interesados, se deberá producir una segunda vuelta en la que la autoridad podrá no aplicar la limitación antes mencionada.

El Tribunal además consideró que deben modificarse sustancialmente las reglas que establece Decreto Supremo 102, de 1981, a fin de que se establezcan mecanismos de asignación de rutas aéreas internacionales restringidas que, además del factor de mejor oferta monetaria, considere criterios que, en cada caso, propendan a la creación de las mejores condiciones de competencia entre todas las empresas interesadas en el servicio de transporte aéreo en la ruta respectiva. Lo anterior en razón de que no existe competencia efectiva en la industria aérea en Chile y existe un actor dominante, cuestiones que el fallo analiza detalladamente en general y en lo que se refiere particularmente a la ruta Santiago-Lima.

Por último, junto con resolver en lo inmediato el conflicto planteado en el juicio, el TDLC declaró haber alcanzado la convicción de que la forma de promover y resguardar verdaderamente la competencia en la industria aeronáutica en Chile en general, y consecuencialmente en la ruta Santiago-Lima en particular —evitando de esta forma además que en lo sucesivo se repitan una y otra vez litigios similares al que resuelve el fallo en cuestión y que también motivaron la sentencia 44/2006, con todos los costos que ello implica—, consiste en avanzar prontamente en la introducción de las consideraciones de competencia que se tratan latamente en el fallo, en lo relativo a las normas que rigen la asignación de frecuencias aéreas internacionales. Lo anterior, sin perjuicio de que, en concepto del Tribunal económico, no debe perderse de vista que la solución ideal y definitiva a los problemas de competencia tratados en el juicio radica en lograr la mayor apertura de cielos posible, toda vez que, en una economía pequeña como la chilena, y en el caso particular de una industria con muy elevados índices de concentración y barreras de entrada relevantes, abrirse a la competencia internacional es lo más eficaz en un régimen económico de mínima intervención de la autoridad en la actividad aeronáutica. Por lo anterior, la sentencia contiene una serie de recomendaciones al gobierno en ese sentido.

Vea Sentencia TDLC

 

 

14 Ene
Corte Suprema confirmó sentencia del TDLC que sancionó a EFE por abuso de posición dominante.

Noticias – Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

Corte Suprema confirmó sentencia del TDLC que sancionó a EFE por abuso de posición dominante.

Al discriminar arbitrariamente en la determinación de los precios de los atraviesos de la vía férrea.

14-01-2009

Con fecha 13 de enero de 2009, la Tercera Sala de la Corte Suprema, por unanimidad, confirmó la sentencia del TDLC que acogió la demanda de GTD Teleductos S.A. en contra de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, acusada de haber incurrido en una práctica contraria a la libre competencia en la determinación de los precios de los atraviesos de la vía férrea que dicha empresa efectúa conforme a lo establecido en el denominado “Reglamento de Atraviesos, Paralelismos y Apoyos” que data de 1993 (Reglamento).

La decisión señala que EFE explota comercialmente la franja de terreno en que se emplaza la vía férrea, mediante la provisión de servicios de atraviesos a empresas que, como GTD, requieren cruzar con sus redes dicha franja para atender a sus clientes, y que en dicho mercado, EFE tiene una posición dominante.

Por ello, y atendido que “no existe justificación económica razonable para las diferencias en las tarifas de los distintos tipos de atravieso que define el Reglamento”, los sentenciadores concluyeron que EFE abusó de su posición dominante, mediante la determinación de precios “abiertamente discriminatorios”.

En virtud de lo anterior, se condenó a EFE a pagar una multa a beneficio fiscal de 150 UTM y se le ordenó modificar el Reglamento, dentro del plazo de 60 días, a fin de que éste contemple criterios  de determinación de las tarifas que sean transparentes, objetivos y no discriminatorios.

Vea Sentencia de la Corte Suprema

 

 

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