14 May
NC 303-08 – Solicitud de Informe de Empresa Portuaria Coquimbo sobre Licitación del Frente de Atraque Sitios 1 y 2 del Puerto de Coquimbo.

A solicitud de Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO), el TDLC emitió el informe que exige la Ley Nº 19542 que Moderniza el Sector Portuario Estatal, y fijó las condiciones a las que deberá sujetarse la licitación del frente de atraque del Puerto de Coquimbo, bajo un esquema monooperador.
En este informe se establecieron condiciones para resguardar la competencia ex ante, tales como el deber de EPCO de utilizar como criterio de adjudicación el menor índice promedio de tarifas por los servicios básicos, y establecer criterios para la determinación del monto de los pagos que deba efectuar el concesionario a EPCO.
Asimismo, se ordenó incorporar resguardos al ejercicio de poder de mercado en la provisión de servicios portuarios, relacionados con las tarifas de los servicios portuarios básicos, estándares de calidad de servicio, reglas de prioridad de la atención de naves, deberes de información y mecanismos contractuales de control.
Por último, se aceptó la propuesta de EPCO de incorporar las reglas de integración vertical y horizontal del Dictamen 1045, excluyendo de la definición de usuario relevante a los agentes de muellaje, y permitiendo que el concesionario también pueda iniciar un procedimiento no contencioso para modificar tales reglas en el futuro, si cuenta para ello con el consentimiento de EPCO.

Informe_04_2009

15 Abr
NC 274-08 – Solicitud de informe de EPSA sobre licitación del frente de atraque sitio 9 del puerto de San Antonio

A solicitud de la Empresa Portuaria de San Antonio, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Puertos, el TDLC emitió un informe respecto de los términos y condiciones de la futura licitación del Sitio Nº 9 del Puerto de San Antonio bajo la modalidad de mono-operador, destinado a ampliar la infraestructura para transferencia de carga a granel.
En éste se reafirman los criterios y limitaciones a la integración tanto horizontal como vertical establecidos por la Comisión Preventiva Central en su Dictamen Nº 1.045, del año 1998. Así, quienes operen o participen en la propiedad –directa o indirectamente- de otros puertos de la Región de Valparaíso sólo podrán participar con un máximo de 15% en la propiedad de la futura concesionaria del Sitio Nº 9, salvo que reduzcan su participación a dicho porcentaje en el otro frente de atraque. Y también, quienes califiquen como “usuarios relevantes” no podrán participar, en conjunto, con más de 40% en la propiedad de la sociedad que se adjudique la concesión a licitar.
Son calificados como “usuarios relevantes” quienes por sí, o en conjunto con sus personas relacionadas, filiales o coligadas, efectúe, contrate o intervenga bajo cualquier modalidad en el transporte por vía marítima, con más de un 15% del tonelaje de carga marítima a granel, sea en las categorías de graneles sólidos o líquidos, movilizada en la región respectiva, o (ii) con más de un 25% del tonelaje de carga marítima a granel, en las mismas categorías, movilizado por medio del frente de atraque objeto de la respectiva concesión, en ambos casos dentro el periodo móvil de 12 meses anteriores.
El Tribunal consideró adecuadas las propuestas de EPSA sobre el régimen de fiscalización y sanciones para dar cumplimiento a los estándares de servicios, y otros resguardos que eviten discriminaciones arbitrarias o congestión, en cuanto tienen por objeto reducir los riesgos de conductas anticompetitivas.
Por otra parte, EPSA deberá determinar el mecanismo para definir claramente el proyecto objeto de la licitación, según los criterios señalados en el informe. Con el objeto de que las mayores eficiencias en la operación portuaria se transfieran a los usuarios, se establece que el criterio predominante para la asignación de la concesión debe ser la oferta del menor índice tarifario máximo aplicable a los servicios portuarios básicos, y que entre los criterios de adjudicación no podrá utilizarse el mayor pago ofrecido a la empresa portuaria.

Informe_03_2009

30 Ene
NC 246-08 – Solicitud de Informe del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre régimen tarifario de servicios de telefonía fija

A solicitud del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley General de Telecomunicaciones, el TDLC emitió un informe respecto de las condiciones de competencia existentes en el mercado, a fin de determinar el régimen de tarifas aplicable a los servicios públicos de telefonía local.
El informe concluye que las actuales condiciones del mercado, en particular considerando la desafiabilidad en precios que impone la telefonía móvil respecto de la telefonía fija, hacen posible que no se mantenga el régimen de tarifas máximas respecto del servicio de línea telefónica (también conocido como Cargo Fijo), las comunicaciones telefónicas locales entre usuarios o suscriptores de una misma zona primaria (o Servicio Local Medido – SLM), la conexión telefónica y los teléfonos públicos.
Así, las empresas Telefónica CTC, Telsur, Telcoy y Entelphone podrán fijar libremente los precios de dichos servicios, en las áreas en que antes se encontraban sometidas a fijación de tarifas.
Por otra parte, el TDLC informa que ha considerado como insuficientes las condiciones de competencia existentes respecto de determinados servicios asociados al servicio público telefónico local -que se indicarán-, y de interconexión (correspondientes a los servicios de conmutación y/o trasmisión de señales provistas como servicio intermedio o bien como circuitos privados), independientemente de qué empresa los provea, por lo que los Ministerios de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones deberán fijar las tarifas máximas para dichos servicios a todas las empresas que los presten.
Entre estos servicios se encuentran el de asistencia de operadora, corte y reposición del servicio, suspensión transitoria del servicio a solicitud del suscriptor, servicio de facturación detallada, visitas de diagnóstico, traslado de línea telefónica, habilitación e inhabilitación de acceso al servicio telefónico de larga distancia, de telefonía móvil y de servicios complementarios, el denominado “Tramo local”, las facilidades para la implementación del Medidor de Consumo Telefónico y para la aplicación de la portabilidad del número.
Asimismo, el informe señala que, para todos los efectos legales y reglamentarios que correspondan, las siguientes empresas continúan siendo dominantes:
1. Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., en todo el país, con excepción de la XIV, X y XI Regiones e Isla de Pascua;
2. Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A., en la X Región;
3. Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A. (Telcoy) en la XI Región; y,
4. Entel Telefonía Local S.A., en Isla de Pascua.
El Tribunal estableció, además, una serie de recomendaciones para incrementar el grado de competencia en el mercado:
Respecto de la determinación de áreas tarifarias que prevengan la posibilidad de discriminación entre usuarios, de forma tal que los menores precios esperables en las zonas más competitivas sean traspasados a aquellas donde la intensidad de la competencia es menor. Asimismo, estableció que, sin perjuicio de la obligación de no discriminar entre usuarios de una misma categoría establecida en la LGT, de cualquier modo las empresas con poder de mercado no pueden discriminar injustificadamente en sus precios a los usuarios, lo que constituiría una infracción a las normas sobre protección a la libre competencia contenidas en el DL 211.
Respecto de las ofertas de planes y paquetes, considerando que la disciplina competitiva a las empresas dominantes de telefonía fija viene dada fundamentalmente por los servicios de telefonía móvil, se recomienda adoptar medidas que impidan la oferta de paquetes que incluyan telefonía fija y móvil, así como mantener una particular vigilancia de los contratos y acuerdos que suscriban empresas relacionadas, a fin de precaver subsidios cruzados u otras conductas que permitan transferir poder de mercado de uno a otro servicio.
Además, se considera necesario recomendar que se adopten medidas efectivas para incrementar la transparencia en la información de precios y condiciones de los planes ofrecidos por las empresas, estableciendo las que sean necesarias para que los clientes puedan efectuar una comparación efectiva y directa. Así, considera imprescindible que, en cualquier oferta que empaquete distintos servicios, se identifiquen los precios de cada uno de éstos, el descuento que conlleva la paquetización, y que esos servicios sean efectivamente ofrecidos por separado a los precios indicados.
Respecto de la desagregación de redes y reventa de servicios, se previene a la Subtel que ejerza sus atribuciones normativas y fiscalizadoras, para asegurar que se produzca una efectiva oferta de facilidades de reventa por parte de las empresas de telefonía fija con redes ya instaladas, mediante el establecimiento de la obligación de contar con ofertas mínimas que contengan todos los elementos necesarios para su contratación por terceros, y mantener información de libre acceso público y actualizada de su disponibilidad. También recomienda dictar una norma de aplicación general que detalle las prestaciones técnicas y administrativas necesarias para establecer un mecanismo de tarificación homogéneo y transparente para las empresas afectas a fijación de tarifas de estos servicios.
Otra recomendación necesaria para prevenir una disminución del grado de competencia en este mercado, es la de eliminar la diferenciación tarifaria de las llamadas entre teléfonos de una misma empresa (on-net) y hacia teléfonos de otras empresas (off-net); diferenciación que este Tribunal podría llegar a considerar ilícita. Así, esquemas de comercialización que no establezcan precios distintos según el destino de la llamada tenderán a incrementar la competencia entre redes.
Por último, el TDLC reitera su recomendación de que se realicen todos los esfuerzos posibles para contar con portabilidad numérica en un periodo breve, tanto en telefonía fija como en telefonía móvil, de manera que con ello se inyecte presión competitiva a todo el mercado de las telecomunicaciones.

Informe_02_2009
 

09 Oct
NC 258-08 – Solicitud de Informe de la SEC sobre Régimen Tarifario de Servicio de Reprogramación de Medidores.

Según lo dispuesto en el artículo 147 Nº 4 de la Ley General de Servicios Eléctricos, y a solicitud de la SEC, el Tribunal ha informado respecto de las condiciones de competencia existentes para el servicio de reprogramación de medidores de electricidad horarios.
De acuerdo a los antecedentes recabados en el proceso, el TDLC consideró que no existen actualmente condiciones de competencia suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria respecto de este servicio, por lo que se califica al mismo como sujeto a fijación de precios en los futuros procesos tarifarios para servicios prestados por las empresas de distribución eléctrica.
La decisión se funda en que los clientes que requieren el servicio de reprogramación de medidores tienen escasas alternativas en la práctica, y en condiciones de entrada desfavorables para terceros que puedan disciplinar los precios que cobrarían las empresas distribuidoras de electricidad.

Informe_01_2008

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