04 Oct
Sentencia 177-2021: Demanda de SONAPESCA y otros en contra de Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

En la causa rol C N° 364-18 (autos acumulados Rol C N° 364-18 y N° 366-18), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó las demandas deducidas por la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (“Sonapesca”), actuando por sí y en representación de diversas entidades, en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. En dichas demandas Sonapesca imputó a Subpesca haber infringido los artículos 3° y 4° del DL N° 211 en el diseño de las subastas de Licencias Transables de Pesca Clase B (“LTP Clase B”) relativas a las siguientes unidades de pesquería:

(i) Pesquería Sardina Común V – X Región, contenida en la Resolución Exenta Nº 3162 de 19 de noviembre de 2015;

(ii) Pesquería Jurel XV – II, III – IV, V – IX, XIV – X Regiones, contenida en la Resolución Exenta Nº 3944 de 27 de noviembre de 2017;

(iii) Pesquería Congrio Dorado en su unidad de pesquería entre los paralelos 47° L.S. al 57° L.S., contenida en la Resolución Exenta N° 4145 de 28 de noviembre de 2018;

(iv) Congrio Dorado en su unidad de pesquería entre los paralelos 41° 28,6’ L.S. al 47° L.S., contenida en la Resolución Exenta N° 4146 de 28 de noviembre de 2018;

(v) Merluza del Sur en su unidad de pesquería entre los paralelos 41° 28,6’ L.S. al 47° L.S., contenida en la Resolución Exenta N° 4148 de 28 de noviembre de 2018;

(vi) Merluza del Sur en su unidad de pesquería entre los paralelos 47° L.S. al 57° L.S., contenida en la Resolución Exenta N° 4149 de 28 de noviembre de 2018;

(vii) Merluza Común en su unidad de pesquería entre Coquimbo al paralelo 41° 28,6’ L.S., contenida en la Resolución Exenta N° 4150 de 28 de noviembre de 2018; y

(viii) Anchoveta en su unidad de pesquería comprendida entre las regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta, contenida en las Resolución Exenta N° 4151 de 28 de noviembre de 2018.

En específico, la demandante indicó que en dichas subastas Subpesca habría reservado lotes que van desde un 40% a un 60% del total subastado a empresas de menor tamaño (“EMT”), reserva que califica de ilegal, arbitraria y anticompetitiva. Fundamenta esto último en que la restricción no se ajustaría a los fines de la LGPA y que habría producido efectos contrarios a la libre competencia, ya que las EMT pagaron menores precios en estas subastas y, luego, la gran mayoría de ellas vendió o cedió estos derechos en el mercado secundario, generando un problema de eficiencia asignativa.

Subpesca solicitó el rechazo de las demandas argumentando, en primer lugar, que el proceso carecería de objeto atendido que las bases de licitación impugnadas ya no tendrían vigencia normativa. Luego indica que la LGPA establece como uno de sus principios fundamentales el acceso de las EMT y que fue en aplicación de dicho principio que la misma reservó los porcentajes indicados a EMT.

El Tribunal, en primer lugar, desestimó que el proceso careciera de objeto ya que se desprende del artículo 3° del D.L. N° 211 que en esta sede es posible demandar hechos, actos o contratos que puedan contravenir la libre competencia, sea que éstos se hayan ejecutado, materializado o agotado, o se estén ejecutando. Lo relevante, en el caso de que el acto haya sido ejecutado, materializado o sus efectos se hayan agotado, es que la acción se impetre dentro del plazo de prescripción establecido en el artículo 20 de la misma norma legal.

Luego el Tribunal analizó si las bases impugnadas contravinieron lo dispuesto en el artículo 3° del D.L. N° 211, concluyendo que, del análisis de la prueba, no fue posible apreciar que la reserva de las cuotas de LTP Clase B a EMT, entre un rango de un 40% a un 60%, haya tenido el potencial de afectar la competencia en los mercados definidos en la sentencia. Lo anterior por cuanto, incluso en el evento que a una sola EMT se le adjudicara el 40% máximo que permite el Reglamento N° 103, dicha empresa no alcanzaría una participación superior al 7,5% en ninguno de los mercados relevantes definidos.

Por último el Tribunal también señaló que Subpesca no infringió el artículo 4° del D.L. N° 211 ya que no le era posible adjudicar monopolios toda vez que el Reglamento N° 103, que regula el procedimiento de las subastas de LTP Clase B, prohíbe que una persona, por sí o a través de empresas relacionadas, se adjudique más de un 40% del total subastado.

La Ministra Sra. Domper concurrió a la decisión de rechazar las demandas pero estuvo por agregar que de acuerdo a la información del proceso, la asignación inicial de las LTP Clase B no fue la óptima, la que sin perjuicio de ello se corrigió en las transferencias efectuadas en el mercado secundario de éstas.

A su vez, el Ministro Sr. Paredes estuvo por acoger las demandas por considerar que las bases impugnadas limitaron injustificadamente la competencia por la vía de definir, en las subastas de LTP Clase B, un porcentaje exclusivo a las EMT excesivo, limitando la competencia más allá de lo requerido para los propósitos de política pública explicitados por Subpesca.

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16 Mar
Sentencia 176-2021 Demanda de Sindicato de Trabajadores Independientes Chile Taxi contra Maxi Mobility Chile II SpA. y Otros.

En la causa rol C N° 319-17 (C N° 320-17) acumulados, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó las demandas deducidas por (i) el Sindicato de Taxis Chile en contra de Cabify, Uber Chile, Uber International B.V. e Easy Taxi, en que acusaba a las demandadas haber vulnerado el Decreto Ley N° 211 mediante conductas supuestamente constitutivas de competencia desleal (debido a la infracción de cierta normativa legal y por aprovecharse de la reputación de los taxis para desviarles clientela), de abuso de posición dominante (por medio de la fijación de precios) y de cobro de precios predatorios y (ii) un Grupo de Taxistas en contra de Uber Chile, en que acusaba a esta de ejecutar actos de competencia desleal mediante la infracción de normas aplicables a los taxistas.

En síntesis, el Tribunal desestimó las demandas y concluyó que las demandantes no aportaron antecedentes suficientes que permitieran acreditar las conductas imputadas.

Respecto a la imputación de competencia desleal por infracción de normas, el Tribunal señaló que el juzgamiento de infracciones a normativas distintas a aquella de libre competencia exige “prejudicialidad”, esto es, que dichas infracciones sean conocidas y declaradas por la autoridad competente mediante una decisión firme y ejecutoriada; y que la prueba que acompañaron las demandantes no permitió acreditar dicha prejudicialidad.

En relación a la imputación de abuso de posición dominante, el Tribunal precisó que, además de que las demandantes no aportaron prueba suficiente, dicha acusación no podía ser reprochada en esta sede atendida la forma en la que fue planteada en la demanda de Sindicato Chile Taxis. Lo anterior, toda vez que no se imputó dominancia a ninguna de las demandadas en específico ni tampoco dominancia colectiva a todas ellas, presupuesto esencial para conocer este tipo de ilícitos. En cualquier caso, en la Sentencia se indica que el demandante no aportó prueba alguna sobre los elementos que deben concurrir para acreditar que existe una posición dominante.

Cabe destacar que el Ministro Sr. Paredes concurrió a la decisión de rechazar la imputación de abuso de posición dominante por falta de prueba, pero previno que no deben descartarse a priori conductas de abuso por parte de distintas empresas que, sin estar coordinadas, sí podrían abusar a través de una misma conducta.

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21 Dic
Sentencia 175-2020 Requerimiento de la FNE en contra de Sociedad de Transportes Avda. Alemania-P. Nuevo S.A. y otros.

En causa rol C N° 361-18, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica en contra de once sociedades de transporte de pasajeros de Temuco y Padre Las Casas, por haber infringido el artículo 3° letra a) del Decreto Ley N° 211, al fijar conjuntamente la cantidad máxima de buses de sus flotas, entre los años 2003 y 2017.

El Tribunal concluyó que dicha conducta limitó la producción en el mercado de transporte urbano de pasajeros en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, y con ello la frecuencia de los servicios que dichas empresas daban a los pasajeros, por lo que condenó a las once sociedades a multas entre 20,6 y 160,5 Unidades Tributarias Anuales. Para fijar estas multas se tomó especialmente en consideración el rol de la Seremitt y de la Intendencia de la IX Región, quienes avalaron el primer instrumento en el que se plasmó este acuerdo, entregando una señal errónea sobre el comportamiento que deben tener los competidores en un mercado.

Ver Sentencia 175-2020
Ver Expediente C-361-2018

26 Ago
Sentencia 174-2020 “Demanda de Banco BICE y otros contra Banco Estado”.

En la causa rol C N°323-17, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la demanda de los Bancos Bice, Security, Scotiabank, BBVA e Internacional en contra de Banco Estado por abuso de posición dominante en relación con las tarifas interbancarias cobradas por la recepción de transferencias electrónicas.

El Tribunal acogió la excepción de prescripción opuesta por Banco Estado en relación con las acciones referidas a discriminación de precios interpuestas por los bancos Bice, Security, Scotiabank y BBVA y de precios excesivos interpuestas por estos dos últimos.

En cuanto al análisis de fondo de la acción de discriminación de precios interpuesta por Banco Internacional y de empaquetamiento interpuesta por BBVA, el Tribunal determinó que Banco Estado carece de una posición de dominio de la que pueda abusar en el mercado de cuentas bancarias, por lo que no se configuran las conductas descritas en la letra b) del artículo 3º del D.L. N°211.

Ver Sentencia 174-2020

Ver Expediente C-323-2017

06 Jul
Sentencia N° 173-2020 Requerimiento de la FNE en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

En la causa rol C N° 343-18, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (“ANFP”), por haber esta última infringido el artículo 3° del Decreto Ley N° 211, al cobrar una cuota de incorporación de UF 50.000 y luego de UF 24.000 a los clubes de fútbol que ascendían de Segunda División a Primera B.

El Tribunal concluyó que dicho cobro corresponde a una barrera a la entrada contraria a la competencia. Por tanto, condenó a la ANFP al pago de una multa de 3145 Unidades Tributarias Anuales y le ordenó cesar en la conducta.

La decisión fue acordada con una prevención de las Ministras Gorab y Domper quienes – si bien estuvieron de acuerdo con la mayoría respecto a rechazar la excepción de prescripción deducida por la ANFP – difieren en algunas razones que fundamentan dicha decisión.

Ver sentencia N° 173-2020

Ir al expediente C 343-2018 

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