Funciones y Procedimientos

 

Las atribuciones y procedimientos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia están contemplados en el Título II del Decreto Ley Nº 211, y en leyes especiales aplicables a determinadas industrias o actividades (vea Otras leyes aplicables).

Atribuciones:

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 211, las atribuciones y deberes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia son:

1) Conocer, a solicitud de parte o del Fiscal Nacional Económico, las situaciones que pudieren constituir infracciones a la presente ley, es decir, los hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia, o que tiendan a producir dichos efectos, tales como acuerdos entre competidores que confieran poder de mercado, abusos de posición dominante y conductas de competencia desleal realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición de dominio;

2) Conocer, a solicitud de quien tenga interés legítimo, o del Fiscal Nacional Económico, los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las disposiciones de la presente ley, sobre hechos, actos o contratos existentes o por celebrarse, para lo cual, podrá fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos;

3) Dictar instrucciones de carácter general de conformidad a la ley, las cuales deberán considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar contra ella;

4) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia, como también la dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presten en condiciones no competitivas; y

5) Las demás que señalen las leyes.

Procedimientos:

El Decreto Ley Nº 211 reglamenta dos procedimientos de conformidad con los cuales el Tribunal ejerce sus principales atribuciones.

- Infraccional o contencioso:

El primer procedimiento, también conocido como procedimiento infraccional o contencioso, está regulado por los artículos 19 a 29 del Decreto Ley Nº 211 y supletoriamente por los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil. Este procedimiento infraccional es aplicable al ejercicio de las atribuciones contempladas en el N° 1 del artículo 18, esto es, al conocimiento y resolución de casos en los que se imputa una determinada infracción a las normas de defensa de la libre competencia. Este procedimiento puede ser iniciado por requerimiento del Fiscal Nacional Económico o demanda particular y concluye naturalmente con una sentencia.

En la sentencia, el Tribunal puede aplicar las siguientes sanciones, sin perjuicio de poder disponer otras medidas preventivas, correctivas o prohibitivas:

1) Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios al Decreto Ley Nº 211.

2) Ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos a que se refiere la letra anterior.

3) Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por la suma equivalente a UTA 20.000 y, en el caso de sancionar una conducta prevista en la letra a) del artículo 3°, hasta por una suma equivalente a UTA 30.000. Las multas pueden ser impuestas a la persona jurídica correspondiente, a sus directores, administradores y a toda persona que haya intervenido en la realización del acto respectivo.

- De consulta pública o no contencioso

El otro procedimiento, también denominado de consulta pública o no contencioso, está regulado por el artículo 31 del Decreto Ley Nº 211. Este procedimiento es aplicable al ejercicio de las atribuciones a que se refieren los números 2) y 3) del artículo 18 antes mencionadas. También es aplicable a la emisión de los informes que le sean encomendados al Tribunal en virtud de disposiciones legales especiales. Este procedimiento da origen a tres tipos de decisiones:

1) Resoluciones, que son aquellas que absuelven consultas y fijan, en su caso, las condiciones para que determinados hechos, actos o convenciones sean conformes con las normas de defensa de la libre competencia (ejercicio de las atribuciones contempladas en el artículo 18 número 2).

2) Instrucciones de Carácter General que deben cumplir los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren (ejercicio de las atribuciones contempladas en el artículo 18 número 3).

3) Informes, encomendados por leyes especiales (ejercicio de atribuciones contempladas en el artículo 18 número 5).

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